Parece que los derechos humanos de las Comunidades Indígenas no se respetan en la práctica real. Frente a sugerencias insanas, como la de escribir un artículo denominado “El síndrome del perro del hortelano” y después de un año aprobar los decretos números 1090 y 1064 sin la consulta a las Comunidades Indígenas, cabe ;sólo las principales convenciones internacionales defiende los derechos de las Comunidades Indígenas. Sin embargo el Presidente del país no lo ve así y rechaza tales convenciones.
En años recientes, la filosofía moral, ciencias cognitivas y las ciencias sociales han explorado lo que parece ser profundas intuiciones morales. Tal vez las bases primordiales de los juicios éticos. Esas investigaciones se concentran en ejemplos ficticios o de culturas alejadísimas que, con frecuencia, revelan sorprendentes coincidencias de prejuicio y de perjuicio hacia lo menos favorecidos del país. Tal es el caso de la (falta de) conciencia de los que ostentan el poder sobre el respeto de los derechos a las comunidades indígenas. En los párrafos siguientes, presentare el caso ilustrativo de este olvido de los pactos internacionales sobre el respeto de los derechos a las Comunidades Indígenas.
Para empezar. Tomaré el ejemplo de la vida real que nos conduce, sin duda, al tema del respeto de los derechos humanos de los pueblos Indígenas Amazónicos. En agosto de 2008, la movilización amazónica había logrado la derogatoria de dos decretos legislativos, el 1015 y el 1073. Entonces se habló de una comisión para examinar las normas restantes. Pero nada. Es más: la derogatoria en cuestión había sido solicitada al gobierno por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en mayo del 2008. Y el 9 de abril de 2009, ante la debilidad de las instituciones y la insania del presidente del Perú Alan García Pérez; tuvo consecuencias negativas para el país.
El jueves 4 de junio el Congreso volvió a postergar el debate y pocas horas después se desató la masacre con el saldo final; 23 policías y 9 nativos muertos, 155 heridos; testimonios de ocultamiento y desaparición de cadáveres, rastrillajes en las comunidades, estado de emergencia y toque de queda en la Amazonía, persecución y órdenes de captura a la dirigencia de AIDESEP, cierre de emisoras, suspensión de siete congresistas de oposición, acusaciones de complot internacional a la IV Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, reunida a fines de mayo en
Puno; por ello, motivó la respuesta inmediata de las organizaciones sociales, que se articularon en el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía y convocaron primero a la Jornada Nacional de Protesta del 5 de junio y de inmediato al Paro Nacional Andino, Amazónico y Popular para los días 7, 8 y 9 de julio. Por esta razón, decenas de pronunciamientos de solidaridad de todas partes del mundo: Europa, toda América Latina, África, Asia. Las cartas a Alan García y a organismos de la ONU, así como marchas y plantones ante las sedes diplomáticas peruanas.El jueves 11 de junio la Jornada Nacional de Protesta convocada por las organizaciones peruanas significó un conjunto de masivas movilizaciones, paros y otras medidas de protesta en todas las regiones del Perú en repudio a la masacre de Bagua del viernes 5 de junio y exigencia de soluciones reales al conflicto en la Amazonía. Tres días más tarde el presidente del Consejo de Ministros del Perú, Yehude Simon Munaro, anunció la derogatoria de dos de los decretos legislativos el 1064 y el 1090, luego de sostener una reunión con organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos de la selva central.
Para analizar objetivamente la insania de Alan García Pérez, es necesario tomar en cuenta los convenios internacionales. En primer lugar, el Convenio de las Naciones Unidas en el artículo 1 que declara: “Los pueblos indígenas tienen derecho al disfrute pleno y efectivo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a los derechos humanos”. En segundo lugar, en el artículo 10 declara: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento expresado libremente y con pleno conocimiento de los pueblos indígenas interesados y previo acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, con la posibilidad de regreso”. Por último, estos razonamientos se ratifican en todos los acuerdos internacionales sobre el respeto universal de los derechos humanos. Parece, pues razonablemente claro que esta formulación del respeto a los derechos humanos de las Comunidades Indígenas de la Amazonía rechaza la impecable lógica del Presidente de la República y la considera algo profundamente inmoral y probablemente insana.
En la actualidad, sin duda, hay mucha preocupación internacional, y con buenas razones, acerca de la rápida expansión del déficit democrático, no solo en el Perú, sino en líneas generales en la mayoría de los países latinoamericanos. La riqueza y el poder tiene muchas veces razones para desear que el público no participe en la determinación e implementación de una política. Ese es otro asunto de gran preocupación, bastante ligado, ciertamente, con el respeto de los derechos básicos de las Comunidades Indígenas Amazónicas. Mencionamos esos ejemplos para recordarles que no estamos comprometidos meramente en seminarios o en principios metafísicos, o discutiendo culturas remotas que no entendemos. Estamos hablando de nosotros mismos, de los peruanos, y de los valores morales. Si no nos gusta lo que vemos cuando observamos el espejo con honestidad, tenemos siempre oportunidad de hacer algo acerca de esto.
En conclusión, así como los derechos humanos son de las Comunidades Indígenas (deben ser) son universales, queda claro que la insania también es universal. La insania de algunos está en promover actitudes y acciones que perjudican a los menos favorecidos, por considerarlo sin relevancia económica. Esto no solo atenta contra los convenios internacionales sobre derechos humanos, sino que también va en contra de las necesidades y peticiones de nosotros mismo, el pueblo. No cabe duda, pues, que todavía nos falta abrir los ojos y ser conscientes de que el poder muchas veces se olvida del derecho.
LIC. CALEP AQUINO MALDONADO, Egresado de La Facultad de Sociología Uncp-Huancayo.
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